Aquiles Álvarez se niega a disculparse con Jaramillo: 'Prefiero la destitución a retractarme'"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta una orden del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que le exige disculparse públicamente con la asambleísta Lucía Jaramillo, además de pagar una multa de 9.600 dólares. Álvarez, sin embargo, ha dejado claro que no cumplirá con esta disposición, llegando a afirmar que preferiría ser destituido antes de retractarse.

El fallo del juez Fernando Muñoz en primera instancia sanciona a Álvarez por lo que el tribunal considera una infracción electoral grave en el contexto de violencia política de género, originada por las declaraciones en las que el alcalde llamó “niña vaga” a Jaramillo. La legisladora había denunciado al alcalde tras considerar que sus expresiones eran ofensivas y denigrantes, especialmente en el marco de una denuncia que ella realizó sobre el supuesto tráfico ilegal de combustibles.

Ante el fallo, Álvarez indicó que no se disculpará por lo que él considera una “verdad respaldada” por informes de Contraloría que, asegura, prueban la falta de cumplimiento laboral de Jaramillo en su anterior cargo en el Municipio de Guayaquil. “El que es vago, es vago, sea hombre o mujer”, declaró el alcalde, reafirmando que no cambiará su postura ni se retractó por las declaraciones que originaron la disputa.

Por su parte, Jaramillo ha respondido a las palabras del alcalde, exigiendo respeto por el fallo del TCE y calificando sus declaraciones como “una estrategia sin pruebas” para deslegitimarla. La legisladora destacó que nunca fue sancionada por la Contraloría y reiteró su disposición a defender su labor en la Asamblea.

Posibles consecuencias del desacato

Si Álvarez decide no acatar la orden del TCE y tampoco presenta una apelación, la negativa podría desencadenar una serie de consecuencias legales. Según especialistas, el desacato a una orden del TCE constituye una infracción electoral que podría derivar en una sanción mayor, incluyendo la suspensión de sus derechos políticos y la destitución del cargo.

En última instancia, un nuevo proceso contencioso electoral podría ser iniciado para forzar el cumplimiento del fallo. En el caso más extremo, algunos analistas sugieren que la Fiscalía General del Estado podría involucrarse y que incluso, aunque improbable, podría considerarse una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional.

Esta controversia pone nuevamente al alcalde en el centro del debate público, destacando la creciente tensión entre las autoridades locales y el gobierno central en temas de legalidad, respeto a las decisiones judiciales y responsabilidades políticas.