El crimen organizado infiltra al Estado ecuatoriano con millonarios contratos públicos

Una investigación realizada por Connectas, con apoyo de varios medios de comunicación, ha destapado que al menos 12 grupos criminales en Ecuador han sido adjudicatarios de contratos públicos por más de USD 13 millones desde 2010. Entre los grupos identificados se encuentran Los Choneros, Los Tiguerones, las Águilas y la mafia albanesa, quienes han logrado infiltrarse en el sector público mediante empresas fachada en áreas como seguridad, transporte pesado y construcción.

Uno de los casos más impactantes involucra a la empresa Agusegpro Cia. Ltda., fundada por el expolicía Héctor Pesántez, vinculada a la mafia albanesa. Esta empresa recibió contratos de seguridad de instituciones como la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), por un monto total de USD 2,4 millones. A pesar de las investigaciones, Agusegpro sigue operando, lo que demuestra la debilidad de los controles estatales ante el crimen organizado.

Según el informe, un total de 97 contratos, por un valor de USD 13,5 millones, fueron otorgados a 24 proveedores vinculados al crimen organizado. De estos, 31 contratos fueron adjudicados mientras los beneficiarios estaban bajo investigación o procesamiento judicial por delitos como narcotráfico, asociación ilícita y terrorismo. Esto evidencia una falta de coordinación entre las entidades de control, lo que facilita que organizaciones delictivas continúen accediendo a fondos públicos.

Además, la investigación identificó 44 empresas activas ligadas al narcotráfico, muchas de ellas ubicadas en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Estos grupos buscan, principalmente, lavar dinero a través de contratos públicos, aprovechando la falta de fiscalización efectiva en el sector de la contratación pública. La infiltración del narcotráfico en estos negocios se ha vuelto un problema estructural que sigue afectando a la administración pública.

El director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, advirtió que la falta de coordinación entre la UAFE, el Sercop, el SRI y las autoridades judiciales permite que el crimen organizado siga operando en el sistema de contrataciones del Estado. Según Alarcón, los grupos criminales se aprovechan de la situación económica de algunos gobiernos locales, quienes, ante la falta de recursos, aceptan financiamiento de actividades ilícitas sin cuestionar su origen. Esto ha creado un caldo de cultivo ideal para el lavado de activos en el país.

Las autoridades competentes aún no logran implementar medidas de control eficaces que impidan que el crimen organizado continúe infiltrando el Estado ecuatoriano. Mientras tanto, el dinero proveniente de actividades ilícitas sigue siendo canalizado a través de empresas que, aunque aparentemente legítimas, sirven como pantalla para los negocios del narcotráfico y otros delitos.