Emergencia en el trasvase Manabí: crisis hídrica agrava efectos del invierno y evidencia negligencia estatal

La falta de mantenimiento y la respuesta tardía del Estado profundizan el impacto. La Empresa Pública del Agua (EPA) declaró el lunes 24 de marzo la emergencia del Sistema de Trasvase Manabí debido al “riesgo inminente de desbordamientos” y a los severos daños que las lluvias han causado en su infraestructura. Esta red hídrica es clave para el riego agrícola y el abastecimiento de agua cruda en al menos 12 cantones de la provincia.

Los taludes colapsados, canales taponados y acumulación de sedimentos han comprometido la operatividad del sistema, cuya extensión es de más de 96 kilómetros. A pesar de que el fenómeno climático ha sido advertido con antelación por organismos técnicos, la respuesta del Estado ha sido reactiva, tardía y sin un plan de contingencia articulado.

“Si no se actúa de inmediato, las compuertas seguirán deteriorándose y la regulación del agua se verá comprometida”, advierte el informe técnico de Darwin García, responsable del sistema, al que tuvo acceso PRIMICIAS.

¿Faltó previsión y gestión preventiva?

Aunque la EPA asegura que los embalses La Esperanza y Poza Honda aún no presentan riesgo de desbordamiento, sus niveles están alarmantemente cerca de la cota máxima. La Esperanza opera al 87% y Poza Honda al 90%. Mientras tanto, más de 20 kilómetros de canales han colapsado en sectores agrícolas clave como Crucita, Colón, Riochico y Rocafuerte, afectando tanto la producción agropecuaria como la seguridad de las comunidades.

La situación, sin embargo, no es solo consecuencia de lluvias extremas. Lo ocurrido deja en evidencia la ausencia de políticas de mantenimiento, inversión sostenida en infraestructura hidráulica y preparación frente a eventos climáticos. El Estado, pese a los recursos y capacidades institucionales existentes, ha fallado en prevenir una crisis anunciada.

La EPA ha señalado que la falta de maquinaria por parte del gobierno provincial de Manabí ha limitado las acciones, lo que denota una descoordinación preocupante entre instituciones nacionales y locales. Tampoco se han reportado acciones directas del Ejecutivo para intervenir con celeridad, a pesar de la emergencia que compromete el agua potable y el sustento agrícola de miles de familias.

Voces de alerta desde el territorio

La declaratoria de emergencia, válida por 60 días, se produjo luego de insistentes alertas emitidas por las juntas de agua potable, juntas de riego y gobiernos parroquiales. Entre los reclamos más graves se encuentran muros colapsados, quebradas taponadas y canales de riego completamente inoperativos.

El impacto sobre la seguridad hídrica, la producción agrícola y la calidad de vida de las comunidades rurales será profundo si no se actúa con decisión. Esta emergencia no solo es climática: es el resultado de una gestión pública que llegó tarde, pese a tener todos los avisos frente a sí.