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Decenas de familias de víctimas de femicidio en Ecuador se han unido para impulsar una reforma legal que impida a los femicidas obtener beneficios y reducciones de pena mientras cumplen sus sentencias.
El viernes 4 de marzo de 2023, la cuencana Sonia Salamea y una delegación de madres de víctimas de femicidio de diferentes provincias del país mantuvieron una reunión con el presidente Guillermo Lasso para exponer sus argumentos de que “la reparación integral a las víctimas, de la que tanto se habla, no existe”.
Los familiares consideran urgente que se impulse una reforma legal que impida a los femicidas obtener beneficios penitenciarios, reducciones de pena y salidas anticipadas de la cárcel.
La salida del femicida Carlos Flores, quien asesinó a su hija Cristina Palacios en marzo de 2017, por decisión de la jueza de Montecristi, Gina Zambrano, y la consecuente sensación de impunidad por parte de las familias, ha llevado a la creación de un grupo que busca justicia y reparación para las víctimas.
El derecho a la vida es uno de los más fundamentales porque sostiene la existencia misma. Sin embargo, este derecho se ve vulnerado constantemente en nuestro país a causa de la violencia de género y los femicidios. En Ecuador, la violencia contra las mujeres es un problema grave y alarmante. Cada femicidio registrado es una tragedia que deja a una familia destrozada y un país que llora. Además, esta violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que también causa un impacto negativo en toda la sociedad.
La situación se agrava aún más cuando se considera la dificultad que enfrentan los familiares y amigos de las víctimas para obtener justicia. En muchos casos, el sistema judicial parece ser esquivo y poco efectivo a la hora de prevenir y castigar estos crímenes.
Ante este escenario, es necesario tomar medidas urgentes para proteger los derechos de las mujeres y prevenir más femicidios en nuestro país. Es importante que los poderes públicos y la sociedad en su conjunto se involucren activamente en la erradicación de la violencia de género y el machismo que la sustenta.
Solo así podremos garantizar el derecho a la vida y la integridad física de todas las mujeres y, en definitiva, construir una sociedad más justa y equitativa para todos.