Exmandatarios latinoamericanos piden a la OEA intervenir en suspensión de la vicepresidenta de Ecuador

Un grupo de 26 expresidentes de América Latina solicitó este jueves 14 de noviembre a la Organización de Estados Americanos (OEA) que realice un seguimiento exhaustivo a la suspensión de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, por parte del gobierno de Daniel Noboa. Los exmandatarios instaron a la OEA a ejercer las competencias establecidas en la Carta Democrática Interamericana, argumentando que la decisión podría poner en riesgo el orden democrático en el país.

La suspensión, que se extenderá por cinco meses sin remuneración, fue dictada el 9 de noviembre por el Ministerio de Trabajo de Ecuador, bajo el argumento de un "abandono injustificado del trabajo" tras la ausencia de Abad en un viaje oficial. La vicepresidenta, quien también se desempeña como embajadora en Israel, no habría regresado a tiempo de Turquía debido a la creciente tensión en Medio Oriente.

En una declaración conjunta, los expresidentes señalaron que la decisión del gobierno ecuatoriano representa una “desviación de poder” y violaría principios fundamentales de la democracia, ya que únicamente la Asamblea Nacional tiene la potestad para procesar políticamente o destituir a un funcionario elegido democráticamente. Los firmantes subrayan que cualquier sanción que implique la inhabilitación o destitución de Abad debe ser decidida a través de un proceso judicial legítimo, y no por una resolución administrativa.

Entre los firmantes se encuentran figuras como el premio Nobel de la Paz, Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Felipe Calderón (México), Laura Chinchilla (Costa Rica), y varios expresidentes de Ecuador, como Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Los exmandatarios expresaron su preocupación por la posibilidad de que esta situación pueda derivar en una alteración del orden constitucional y democrático en Ecuador, algo que podría tener consecuencias graves para la estabilidad política del país.

Este enfrentamiento entre la vicepresidenta Abad y el presidente Noboa ha estado marcado por tensiones desde antes de la asunción del mandatario, y ha escalado recientemente, especialmente en el contexto de la campaña electoral de 2025. La vicepresidenta ha denunciado lo que considera un hostigamiento político en su contra, y ha pedido a la Asamblea Nacional que frene las acciones del gobierno, que califica como un intento de anularla con fines electorales.