Gobierno respalda prohibición de celulares en la segunda vuelta: ¿Seguridad o control del voto?

El Ministerio de Gobierno expresó su respaldo a la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de prohibir el uso de celulares y dispositivos electrónicos durante el sufragio y el escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, el 13 de abril de 2025.

A través de un comunicado emitido este viernes 14 de marzo, la cartera de Estado afirmó que esta medida “fortalece la seguridad de los ciudadanos en el proceso electoral, diciéndole no al voto extorsionado”. Además, sostuvo que la restricción reducirá “el riesgo de intimidación por parte de organizaciones criminales que buscan influir en la decisión soberana del pueblo”.

La resolución fue adoptada por mayoría en el Pleno del CNE el jueves 13 de marzo, con el respaldo de la presidenta Diana Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y el consejero José Cabrera, quienes basaron su decisión en un informe jurídico que advertía sobre presuntas presiones externas a los votantes en la primera vuelta.

¿Seguridad o intento de control?

Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. La consejera Elena Nájera calificó la decisión como “ilegal” e “inconstitucional”, sugiriendo que responde a presiones del Gobierno. Su postura ha alimentado la duda sobre las verdaderas razones detrás de la prohibición: ¿es realmente una estrategia para proteger a los votantes o un intento de restringir el control ciudadano sobre el proceso electoral?

En un contexto electoral tenso, en el que el oficialismo y el correísmo se disputan la Presidencia en un balotaje clave, la decisión de impedir el uso de celulares podría limitar la capacidad de los ciudadanos y observadores para documentar irregularidades en tiempo real.

Si bien el CNE aseguró que los delegados de los partidos políticos, medios de comunicación y observadores podrán seguir usando dispositivos para registrar las actas de escrutinio, la pregunta sigue en el aire: ¿por qué el Gobierno insiste en respaldar una medida que restringe la vigilancia ciudadana en un proceso que debería ser transparen