Mayra Salazar es trasladada con extrema seguridad a la cárcel de Ambato

La exrelacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, sentenciada a 15 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis, fue reubicada la noche del 23 de noviembre. Su traslado formó parte de un operativo de gran magnitud llevado a cabo por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el Ejército y la Policía Nacional.

El operativo incluyó la movilización de 1.193 personas privadas de la libertad, entre ellas 528 mujeres y 665 hombres. Según el SNAI, este movimiento busca mejorar las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios del país. Las mujeres que se encontraban en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1, como Salazar, fueron llevadas al Centro de Privación de Libertad Tungurahua N.º 1.

Imágenes difundidas por el Ejército muestran a Salazar siendo trasladada bajo estrictas medidas de seguridad. Usaba un chaleco antibalas, casco protector y llevaba consigo una colchoneta y pertenencias personales en una funda. En el trayecto, fue transportada en una tanqueta militar blindada modelo Cobra 2, que salió de la cárcel de Latacunga con resguardo permanente hasta llegar a Ambato.

La sentencia de Salazar, emitida en julio pasado, está vinculada al caso Metástasis, una trama de delincuencia organizada liderada por Leandro Norero. Este caso desveló una red de corrupción que involucraba a varias figuras públicas, incluida la comunicadora, lo que la convirtió en una PPL de alto riesgo.

El operativo, calificado como inédito en Sudamérica, movilizó a 38 agentes del SNAI, 164 policías y 253 efectivos del Ejército, quienes garantizaron la seguridad durante todo el proceso. Autoridades destacan que estas acciones son fundamentales para la estabilidad del sistema penitenciario nacional.

Hasta el momento, el SNAI no ha emitido un comunicado oficial sobre la reubicación específica de Salazar. Sin embargo, fuentes confirmaron que la medida busca prevenir posibles conflictos en el Centro de Cotopaxi, en medio de la crisis penitenciaria que enfrenta Ecuador.