Contraloría encuentra indicios penales en el patrimonio de 10 jueces tras detectar 'inconsistencias' en sus declaraciones
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La Contraloría General del Estado (CGE) ha encontrado indicios de responsabilidad penal en el patrimonio de 10 jueces durante el período comprendido entre octubre de 2022 y marzo de 2023. Los informes que revelaron estas irregularidades han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado (FGE), dando paso a posibles investigaciones y acciones legales.
Los magistrados señalados pertenecen a diferentes niveles judiciales, incluyendo jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel. En el año 2022, la CGE emitió 30 órdenes de trabajo para realizar exámenes especiales a jueces en varias provincias del país, como Loja, Azuay, Tungurahua, Los Ríos, Pastaza y Guayas. De estos exámenes, se aprobaron 20 informes generales, en los cuales se encontraron posibles irregularidades en 10 casos.
El equipo de auditoría de la Contraloría descubrió inconsistencias al confrontar la información registrada en las declaraciones patrimoniales juradas de los 10 jueces investigados. Estas declaraciones abarcaban el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.
Según el artículo 16 de la Ley de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, la información en estas declaraciones es de carácter público, pero la confrontación y examen de la misma tienen carácter reservado, a excepción de cuando se está llevando a cabo una investigación sobre el individuo en cuestión.
Sin embargo, una vez que la Contraloría remite a la Fiscalía General del Estado un informe con indicios de responsabilidad penal, el carácter reservado de la información se pierde, y la Fiscalía puede iniciar las investigaciones correspondientes. La Contraloría enfatizó que los servidores públicos están obligados a presentar declaraciones patrimoniales juradas al inicio y al finalizar su gestión, y a actualizarlas cada dos años, a partir de la fecha de presentación de la última declaración. Estas declaraciones deben contener información detallada sobre los activos y pasivos del declarante, así como de su cónyuge o conviviente, y de los hijos menores de edad tanto en el país como en el extranjero. Además, toda la información presentada en el formulario debe estar respaldada por documentación válida.
Con esta acción de la Contraloría y la remisión de los informes a la Fiscalía, se busca salvaguardar la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función judicial, así como asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas para los servidores públicos. Las investigaciones que resulten de estos indicios penales serán determinantes para garantizar la integridad del sistema de justicia en Ecuador.