Piratería y extorsión asfixian al sector pesquero artesanal en Manabí
El 99,9% de los pescadores artesanales de esta provincia costera enfrenta robos, ataques armados y cobros extorsivos por parte de bandas narcodelictivas, especialmente Los Choneros, quienes también dominan el narcotráfico marítimo en la región.
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La inseguridad en el sector pesquero artesanal de Manabí ha llegado a niveles alarmantes. Según la Federación de Organizaciones Pesqueras y Análogas de Ecuador (Fopae), el 99,9% de los 60.000 pescadores artesanales en la provincia se ven afectados por actividades delictivas, incluyendo extorsiones, robos de motores fuera de borda y ataques armados en alta mar.
La banda narco delictiva Los Choneros lidera estos crímenes, consolidando su control no solo sobre el narcotráfico en la ruta del Pacífico, sino también sobre otros ilícitos como el tráfico de armas e hidrocarburos. Su capacidad de reclutar pescadores y navegantes expertos ha incrementado la violencia y la impunidad en las costas ecuatorianas.
Una industria bajo amenaza
Las acciones delictivas abarcan desde cobros extorsivos de hasta USD 2.000 para recuperar motores robados, hasta pagos mensuales de USD 130 por una supuesta "seguridad". Incluso, según testimonios, los pescadores deben portar señas específicas, como medias de colores, para evitar ser atacados.
“Cuando roban, te llaman para devolverte el motor previo pago. Es un círculo vicioso donde muchos familiares de pescadores también están involucrados”, afirmó Jimmy López, presidente de la Fopae.
En 2024, las autoridades han registrado al menos 50 ataques de piratas en cantones como Manta y Jaramijó, muchos de ellos con desenlaces fatales. Pese a ello, las denuncias son escasas debido al temor a represalias y la falta de confianza en las instituciones de seguridad.
Problemas estructurales
Además de la inseguridad, los pescadores enfrentan otras dificultades. La falta de créditos accesibles, la ausencia de seguros sociales y pesqueros, y el endeudamiento con prestamistas informales asfixian al sector. Equipar una embarcación puede superar los USD 25.000, un costo inalcanzable para muchos.
Por otra parte, la declaratoria de Reserva Marina en las primeras ocho millas de la costa ha generado incertidumbre. Según López, no se han implementado adecuadamente los programas de conservación ni de apoyo a la pesca sostenible, lo que ha llevado al aumento de embarcaciones ilegales.
Pese a los esfuerzos esporádicos, como la recuperación de motores adulterados en Jama y Leónidas Plaza, las soluciones integrales parecen lejanas. Los pescadores piden apoyo concreto, mientras la Fopae denuncia que el abandono estatal perpetúa un círculo de pobreza e ilegalidad en el sector.
Sin un plan de acción que aborde la seguridad, el financiamiento y el acceso a derechos básicos, la pesca artesanal, una actividad vital para la economía local, podría enfrentar un punto de no retorno.