Presidenta del Parlamento ecuatoriano alerta sobre falta de garantías para las elecciones de 2025
Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, denuncia falta de imparcialidad en los organismos electorales y advierte de un “apagón democrático” en el país.
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El martes 13 de noviembre de 2024, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, expresó serias preocupaciones sobre la falta de garantías para las elecciones generales programadas para el 9 de febrero de 2025. Desde el salón José Mejía Lequerica en el Palacio Legislativo, Veloz señaló que los organismos electorales, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), no están actuando de manera imparcial ni independiente, lo cual “pone en riesgo la democracia y el Estado de derecho”.
“En este momento no hay garantías para las elecciones. No solo vivimos un apagón energético, sino un apagón democrático”, declaró Veloz, en alusión a la reciente suspensión de Verónica Abad, vicepresidenta electa, tras un proceso administrativo, así como al rechazo de la candidatura presidencial de Jan Topic, representante del partido SUMA. Para Veloz, los opositores deben vencerse en las urnas y no a través de “triquiñuelas y maniobras fraudulentas”.
La presidenta de la Asamblea enfatizó la responsabilidad del Legislativo en defender la institucionalidad y los principios democráticos. El próximo 13 de noviembre, el Parlamento evaluará el pedido de fiscalización solicitado por la vicepresidenta suspendida Abad contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y la canciller, Gabriela Sommerfeld. Además, solicitarán a la Corte Constitucional una interpretación sobre las atribuciones de la ministra Núñez.
Abad, quien fue electa en octubre de 2023, fue suspendida por el Ministerio de Trabajo bajo acusaciones de abandono de funciones, debido a un retraso en su traslado desde Tel Aviv a Ankara. La vicepresidenta suspendida calificó esta decisión como una “violación grosera” de la Constitución y aseguró que busca impedir su reemplazo temporal del presidente en caso de una nueva campaña electoral.
Con este panorama, Ecuador enfrenta una creciente incertidumbre sobre el proceso electoral de 2025 y sobre el rol de las instituciones en la protección de sus principios democráticos.
