Protestas en la Amazonía: Comunidades indígenas dicen no a cárcel millonaria del gobierno

La construcción de una cárcel de máxima seguridad en la comunidad amazónica de Archidona, provincia de Napo, ha encendido una ola de protestas por parte de comunidades indígenas y campesinas, quienes califican el proyecto del Gobierno de Daniel Noboa como una "humillación".

José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), criticó la decisión de invertir 51,9 millones de dólares en la obra, mientras las necesidades básicas de la región permanecen desatendidas. “No hay recursos para obras, salud ni educación, pero sí para una cárcel que solo traerá más violencia a la Amazonía”, declaró.

Desde hace más de una semana, comunidades kichwas y campesinas han bloqueado vías clave, como la Y de Baeza, aislando a las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. Las protestas incluyen la quema de neumáticos y demandas para que el Gobierno priorice la consulta previa y las necesidades urgentes de la región, como vialidad, educación y desarrollo comunitario.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la cárcel es parte del Plan Fénix, diseñado para combatir la violencia y el crimen organizado. La obra será ejecutada por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L. en un plazo de 300 días. Sin embargo, la falta de consulta previa con las comunidades afectadas ha generado una fuerte oposición, que recuerda otras decisiones impuestas por administraciones anteriores en materia de concesiones mineras y petroleras.

Líderes indígenas han alertado sobre el impacto negativo que la construcción podría tener en el turismo y han señalado que el sistema penitenciario podría atraer grupos delictivos a la zona. En respaldo a las demandas locales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un comunicado exigiendo atención inmediata a problemas estructurales como la salud y la educación.

La polémica decisión del Gobierno pone en evidencia una vez más la histórica tensión entre el Ejecutivo y las comunidades amazónicas, que han prometido mantener la resistencia hasta ser escuchadas.