Sariha Moya asumió como Vicepresidenta encargada tras suspensión de Verónica Abad

La Presidencia de Ecuador anunció este 11 de noviembre de 2024 la designación de Sariha Moya como vicepresidenta encargada, tras la sanción del Ministerio de Trabajo que suspendió a Verónica Abad por 150 días. La decisión fue formalizada en un comunicado en el que se cita el artículo 150 de la Constitución como base legal para el nombramiento.

La sanción a Abad, quien también ocupa el cargo de embajadora en Israel, se fundamenta en una presunta falta grave por “abandono injustificado del trabajo”, establecida en el artículo 48, literal b) de la Ley Orgánica del Servicio Público, luego de un retraso en su arribo a la embajada ecuatoriana en Turquía en septiembre pasado. La medida ha generado críticas dentro y fuera del país, y sectores políticos han advertido de posibles implicaciones políticas, considerando que Abad podría haber asumido la presidencia interina durante la campaña electoral de 2025.

Sariha Moya, quien ocupaba el cargo de Secretaria de Planificación y fue designada brevemente como Ministra de Finanzas antes de la posesión de Noboa, ha sido destacada por su experiencia en gestión pública. La Presidencia enfatizó su “compromiso con el bienestar de todos los ecuatorianos” y su capacidad para mantener la estabilidad gubernamental en un contexto de creciente incertidumbre política. Moya acompañó al presidente en su gira internacional con organismos como el Fondo Monetario Internacional, y ahora se convierte en una figura clave dentro del gabinete de Noboa.

En el ámbito político, la suspensión de Abad ha generado intensos debates, con abogados y juristas como José Chalco y Paulina Araujo cuestionando la legalidad de la medida y calificándola de “arbitraria” y “violatoria del Estado de Derecho”. A su vez, la Asamblea Nacional ha sido convocada a analizar la situación y posibles responsabilidades políticas relacionadas con esta decisión.

La tensión entre el presidente Noboa y Abad, quien había alegado “violencia política” y un supuesto intento de inhabilitarla, se mantiene. En el escenario electoral de 2025, esta situación podría repercutir de manera significativa en el panorama político ecuatoriano, dejando la estabilidad del gobierno en un estado de atención constante.