Sentencia unánime en el caso Metástasis: varios condenados por delincuencia organizada

El lunes 25 de noviembre de 2024, luego de una exhaustiva lectura de más de siete horas, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), presidido por la jueza Mercedes Caicedo, dictó sentencia en el caso Metástasis, uno de los escándalos de corrupción judicial más relevantes del país. En un fallo unánime, 20 de los 21 procesados fueron declarados culpables por el delito de delincuencia organizada, vinculado a la estructura corrupta que operaba en beneficio del fallecido narcotraficante Leandro Norero.

Entre los sentenciados figuraron figuras destacadas como Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), quienes fueron condenados a cumplir penas de nueve años y cuatro meses de prisión. La jueza Caicedo detalló que Ramírez había solicitado una suma superior a los 200 mil dólares a cambio de beneficios penitenciarios para Norero, mientras que Terán, conocido como ‘Diablo’, participó activamente en las actividades ilícitas de la organización.

Asimismo, Claudia Garzón, excomisionada de Pacificación Carcelaria, fue condenada a tres años de prisión por su papel como enlace entre los narcotraficantes y los funcionarios del sistema judicial. La sentencia también incluyó a abogados y otros colaboradores que participaron en la red de corrupción.

La única persona exonerada de culpa fue Jhon Camposano, fiscal en Guayaquil, quien fue declarado inocente debido a la falta de pruebas suficientes en su contra.

El Tribunal no solo dictó penas privativas de libertad, sino que ordenó el pago de una indemnización solidaria a favor del Estado, cuyo monto no fue especificado. Además, el fallo dispuso que el mismo fuera publicado en tres medios de comunicación y que se difundiera un video explicativo con los detalles del proceso judicial.

El caso no concluyó con esta sentencia. La jueza Caicedo informó que el fallo sería remitido a la Fiscalía General del Estado para abrir nuevas investigaciones contra jueces, fiscales, periodistas y abogados mencionados en los archivos del caso, con el objetivo de desmantelar la red de corrupción judicial que permitió la impunidad de Norero durante años.

Con esta sentencia, el Caso Metástasis cerró un capítulo clave en la lucha contra la corrupción judicial en Ecuador, aunque se anticiparon nuevas acciones legales, incluido el posible recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo anunciaron los abogados de los sentenciados.